La sentencia concluyó que la decisión de la Alcaldía de la localidad afectaba los «derechos de la población de ascendencia africana» empleada en la zona.
Después de revisar una solicitud de una tutela presentada por las poblaciones que residen en las playas de la Península de Barú, el Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas de Cartagena determinó que la administración municipal debía detener la medida oficial que imponía restricciones en Playa Blanca durante dos días al mes, hasta junio de 2024.
El mandato del magistrado fue validado mediante el Decreto 1390 de 2023 emitido por la Alcaldía de Cartagena, el cual dispuso la suspensión de las restricciones planificadas en las playas de la Península de Barú por un lapso de cuatro meses.
En la sentencia inicial, el magistrado dictaminó que a pesar de que las restricciones se fundamentaron en la preservación del medio ambiente en la zona, la Alcaldía de Cartagena no llevó a cabo una consulta anticipada con los consejos comunitarios de Barú, Ararca, Santa Ana y Playa Blanca.
«La decisión, a pesar de estar basada en la conservación del medio ambiente, afecta negativamente a la comunidad afrodescendiente que vive en la zona y se dedica al turismo y a la explotación de los recursos naturales de estas playas. La restricción de su uso impacta de manera directa en sus actividades sociales, culturales, económicas, laborales y tradicionales», se especifica en la sentencia.
Ya que, según el juez, la Alcaldía de Cartagena debería haber solicitado una consulta previa a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior antes de implementar los cierres, el magistrado le encomendó a la entidad distrital llevar a cabo esta acción durante los cuatro meses de suspensión.
¿Cuál es la postura de la Alcaldía de Cartagena?
Con respecto a la decisión del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas, la secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana de Cartagena, Ana María González, expresó en conversación con el periódico El Universal que el propósito de la medida de cierre en las playas de la Península de Barú era mejorar el destino turístico y no perjudicar a las comunidades locales.
«Se emitió un decreto que revocó el anterior decreto de cierre. Mi intención nunca fue cerrar Playa Blanca por capricho, como les expliqué durante la mesa de trabajo que tuvimos con ellos. El cierre se planteó para ayudarles a mejorar el destino, ya que estaban perdiendo clientes debido a los problemas que afectaban la zona», afirmó González en su entrevista con el periódico de Cartagena.